Las niñas y niños que emigran –y quienes según estimaciones constituyen una cuarta parte de la migración internacional– corren el riesgo de ser detenidos debido a controles de salud y seguridad, o para comprobar su identidad y facilitar su expulsión del territorio en el que se encuentren.
De acuerdo con la Coalición Internacional contra la Detención (IDC, por sus siglas en inglés), la niñez, al igual que las personas adultas, corre diversos peligros en su travesía y puede ser recluida en centros de detención pese a que esto atenta contra sus derechos. También advierte que la población infantil es más vulnerable que otros grupos sociales.
El informe “Infancia cautiva”, editado por IDC, destaca que la niñez migrante deja sus países de origen por diversas razones: algunos huyen porque sus Derechos Humanos se ven amenazados; otros porque van en busca de una vida mejor; unos más abandonan su hogar junto con sus familias, y hay quienes simplemente viajan sin la compañía de alguna persona adulta.
En el camino, continúa el reporte, las niñas y niños pueden ser separados de sus familias y ser víctimas de la trata para la explotación sexual u otras formas de explotación, pero además si viajan sin documentación oficial, independientemente de que sean refugiados, solicitantes de asilo o migrantes en situación irregular, corren el riesgo de ser detenidos.
De acuerdo con la investigación, las niñas y mujeres jóvenes además viven el peligro de ser víctimas de abusos o agresiones sexuales.
Este estudio señala que en muchas ocasiones los gobiernos argumentan que las y los menores de edad también son detenidos para no separarlos de sus padres y madres recluidas. “Sin embargo, el objetivo principal debe estar enfocado en los derechos duales de los niños para no ser detenidos y su derecho a que sus padres y familia residan con ellos en la comunidad”, dice el organismo.
En este sentido, la IDC indica que es importante destacar que los países se deben centrar en las necesidades y derechos de la niñez y no sólo en sus cuidadores adultos, y por tanto no deben tratarlos como meros apéndices de sus progenitores o familias.
Otro argumento que utilizan los gobiernos que reciben a las personas migrantes es que detener a las y los niños es una medida necesaria para comprobar la identidad de las personas migrantes irregulares, y asegurar que no representen una amenaza a la salud o la seguridad de la ciudadanía que reside en el país de destino.
Una excusa más para mantener aprisionada a la niñez que no cuenta con documentos oficiales es decir que los Estados utilizan este mecanismo como un medio para asegurar que los ciudadanos irregulares no se fuguen, y estén disponibles para la expulsión si se determina que no tienen derecho a permanecer en la nación a la que llegaron.
Sobre los centros de detención, la IDC destaca que dependiendo de cada país hay desde pequeñas instalaciones que operan a escala y son como un hostal o centro de atención residencial, hasta instituciones a gran escala que se construyen y operan como prisiones de mediana o alta seguridad. Pero en todos los casos a las y los detenidos no se les permite salir y son vigilados.
En este contexto, la organización internacional menciona que existen pruebas contundentes de que la detención de migrantes tiene un impacto perjudicial en la salud mental y física de las personas detenidas, ya sean niñas, niños o adultos.
Por ello, la IDC recomienda que para prevenir que niñas y niños migrantes sean detenidos es primordial que exista una prohibición legal en contra de su encarcelamiento. “Las leyes, políticas y prácticas deberían basarse en la suposición de que la detención no es necesaria para la resolución de la condición migratoria de un niño”, dice en su informe.
Señala además que hay que reforzar el principio por el que se debe tratar a las y los niños como menores de edad, antes de verlos como migrantes.
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