Hace 60 años se concedió a las mujeres el voto en las elecciones federales, aunque ya desde los años veinte tres entidades —Chiapas, Yucatán y San Luis Potosí— habían reconocido el mismo derecho en comicios locales. En 1937, en un distrito de Guanajuato y en otro de Michoacán hubo sendas candidatas a diputadas que resultaron triunfadoras, pero nunca llegaron a ocupar su curul.
Es bien sabido que el presidente Lázaro Cárdenas envió a la Cámara de Senadores una iniciativa para dar al sexo femenino el sufragio en comicios federales, pero el proyecto se mandó a la congeladora por temor a que los sacerdotes manipularan a las votantes.
Palma Guillén, quien había participado en el movimiento vasconcelista, fue la primera mujer en representar a México como embajadora, y lo fue en Colombia y Dinamarca, además de desempeñarse como delegada permanente a la Asamblea de las Naciones Unidas y cónsul general en Milán, Italia, donde ahora está otra mujer, la ex procuradora Marisela Morales.
Fue Miguel Alemán, en diciembre de 1947, quien propuso y consiguió que el Congreso de la Unión concediera a la mujer el derecho a votar y ser votada en elecciones municipales. Virginia Soto, de Dolores Hidalgo, Guanajuato, se convirtió en la primera alcaldesa elegida bajo la nueva norma.
El 30 de abril de 1948, el representante del gobierno mexicano firmó en Bogotá la Convención Interamericana sobre Concesión de Derechos Civiles a la Mujer, pero fue hasta octubre de 1953 cuando las mexicanas mayores de 21 años obtuvieron por fin el derecho a elegir y ser elegidas para todos los cargos federales y locales.
En una sociedad rabiosamente machista los derechos de las mujeres pueden inscribirse en los textos jurídicos, pero tardan mucho más en instalarse en las conciencias, y si bien tenemos diputadas federales desde 1955 y senadoras desde 1964 (¡once años después de aprobado el voto femenino!), lo cierto es que las mujeres han sido siempre una minoría en las cámaras y en general en los cargos públicos.
Actualmente, dos quintas partes del Senado y otro tanto de la Cámara de Diputados deben ser para mujeres, pero la disposición legal no ha impedido diversas trampas de los partidos, como aquella que a las candidaturas femeninas les adosaba como suplentes a varones que al empezar el periodo de sesiones hacían renunciar a las candidatas triunfadoras —las Juanitas— y ellos se quedaban con la curul o el escaño. Se ha intentado resolver el incumplimiento de la ley, pero el hecho es que suman apenas 37% las mexicanas con una curul y 34 las que ahora pueden sentarse en un escaño senatorial.
En el gabinete presidencial sólo hay tres mujeres, pese a la brillantez de una Mercedes Juan López, a la experiencia de Rosario Robles o la aptitud de Claudia Ruiz Massieu. En el Poder Judicial la proporción femenina es por mucho minoritaria y, de acuerdo con una encuesta realizada recientemente en entre el personal del Tribunal Superior del Distrito Federal, se descalifica a las juzgadoras por la creencia de que sus juicios están guiados por la emotividad y no racionalmente.
Ahora el presidente Peña Nieto ha enviado al Congreso una iniciativa para que la mitad de las candidaturas al Poder Legislativo sean para mujeres. Resta saber cuántas de ellas ocuparan un asiento en las cámaras. Aun así, bienvenida la iniciativa, porque nada de lo que se haga por la igualdad de género es despreciable. No se trata de una concesión graciosa, sino del reconocimiento de un derecho que ellas se han ganado en la historia y en la vida diaria.
FUENTE EXCELSIOR.
FEMAGAZINE 